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Universidad de la Educación

Publicado: 21/10/2013

El carácter universitario de la formación en educación ha sido un objetivo establecido en la Ley General de Educación, trabajado durante más de cuatro años con participación de los entes autónomos, ANEP y UDELAR, debatido y acordado en diferentes instancias interpartidarias.

El pasado 2 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de creación de la Universidad de Educación, dando un paso
muy grande en esa dirección.

En un momento se pensó que la solución era que los títulos docentes fueran equiparados con los títulos universitarios. Esto permitiría que los docentes pudieran seguir cursos de postgrado en otras instituciones universitarias y dar un mensaje de reconocimiento social a la labor educativa.

En estos días han aparecido algunos que reivindican esta salida que se descartó porque el asunto no es poner un sello, sino cambiar la matriz de la formación en educación del país.

El propósito es que los educadores sean formados en un ambiente de creación de conocimiento. No se trata de formar profesionales liberales, pero tampoco de formar empelados. Se trata de formar personas con capacidad crítica, capaces de trabajar colectivamente en diversos contextos, como profesionales autónomos, capaces de buscar soluciones y tomar decisiones fundadas y con evidencias. Educadores capaces de desarrollar su práctica con fundamentos teóricos. Educadores aprendices, capaces de seguir aprendiendo y formándose toda la vida. Educadores con compromiso ético y social, en primer lugar con sus alumnos y su entorno social. Educadores con la convicción de que pueden educar y que sus alumnos pueden aprender.

Este tipo de profesional solo puede lograrse en un ambiente universitario de formación. No se trata de tener cuatro años de formación ni de detentar un título de licenciado. Se trata de formarse en contacto con los procesos de creación de conocimiento. No todos los docentes serán investigadores, aunque deban formarse en contacto con la  investigación. Algunos serán investigadores y formarán equipos de
investigación con otros profesionales. Todos deberán investigar y actuar a la vez, para transformar las realidades en las que trabajen. Porque eso es educar: transformar realidades, cambiar destinos, abrir horizontes y oportunidades.

Estas razones son las que explican por qué la Ley 18.437 define la formación en educación con carácter universitario (Art. 31) y crea una institución para ello.

Con este propósito funcionó la Comisión de implantación del IUDE y elaboró un informe que fue aprobado por el CDC de la UdelaR, el CODICEN de la ANEP, el Consejo Directivo de INAU y el Ministerio de Educación y Cultura. En este informe se establecen las bases para la creación de una nueva institución que recoja las ricas tradiciones de formación docente y universitaria.

El Proyecto de Ley que se votó en Diputados expresa lo esencial de ese informe, dejando en el marco de la autonomía de la institución los mecanismos específicos.

Claro que no es el proyecto ideal. No lo podría ser porque es producto de debates y negociaciones donde intervinieron diversos actores institucionales y políticos. Pero avanza en los aspectos sustanciales.

El Proyecto de Ley establece elementos que orientan a la futura institución a su verdadero carácter universitario. Algunos de ellos son muy evidentes como por ejemplo la capacidad de otorgar títulos de grado: licenciaturas, y de postgrado: especializaciones, maestrías y doctorados, desarrollar la investigación, la enseñanza y la extensión, y establecer el fin de contribuir al estudio de los problemas de interés
nacional.

Otras orientaciones son menos evidentes pero imprescindibles. Entre ellas destaco cuatro. La primera es la participación en procesos de evaluación y acreditación. Esta es una tarea claramente universitaria con procedimientos establecidos y aceptados internacionalmente.
Mecanismos que se aplican en el país a través de MERCOSUR
Educativo y que es de esperar que se puedan aplicar también a escala nacional.

Esta es una condición clave para el futuro de esta institución ya que la acreditación es esencialmente un proceso de mejora orientada a la calidad de la formación universitaria, en la que participan pares nacionales e internacionales.

Es claro que esta orientación dependerá también de la creación de la agencia de acreditación nacional que está a consideración el parlamento.

La otra orientación es la creación de Regionales. Algunos han señalado que esto es un signo de burocracia. Sin embargo, esta opción tiene especialmente un carácter académico ya que es muy difícil desarrollar los procesos de creación de conocimientos con institutos aislados entre sí y con escasos recursos humanos suficientemente
formados. Por ello el propio Informe Final de la Comisión de Implantación estableció: «A los efectos de un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y muy particularmente para potenciar los recursos humanos, en consonancia con la estructura académica y docente acordada, sería beneficioso crear instancias regionales».

El tercer aspecto incluido es la forma de acceso y ascenso en la carera docente. El Proyecto establece que el concurso será abierto y público y de la misma forma los ascensos. En la educación uruguaya este es un concepto básico. Sin embargo, hay que subrayar el carácter abierto del concurso que busca evitar la endogamia institucional.

Pero además, el Proyecto de Ley establece que la designación del personal docente será «a término por períodos no superiores a cinco años, renovables mediante sistemas de evaluación (autoevaluación, co-evalaución y evaluación estudiantil, entre otros) que consideren integralmente las funciones universitarias». También se señala que «se propiciará la dedicación total de un número importante de docentes para que cumplan integralmente sus funciones de enseñanza, investigación y extensión».

Se trata de formar una institución abierta que incluya a docentes e investigadores de diversos orígenes y formaciones que sean regularmente evaluados por todas sus funciones (incluida la investigación) y lo sean por parte de diversos actores, incluidos
los propios estudiantes.

El último aspecto a destacar del proyecto de ley y que busca orientar la nueva institución, es su integración al Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública (SNETP). Este Sistema está en sus primeras etapas, potenciado ahora por al creación de la Universidad Tecnológica y por el desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país.

El actual Consejo de Formación en Educación, creado como etapa
de transición, se encuentra participando e interactuando en este ámbito.
Esta interacción y colaboración mutua es imprescindible para extender y diversificar la educación terciaria y para potenciar a la nueva institución.

Ya se ha avanzado mucho en este sentido, como por ejemplo en la creación de postgrados conjuntos. En la próxima etapa se tratará de potenciar esta interacción a nivel nacional y a nivel de cada región ya que el SNETP viene trabajando regionalmente.

El dilema que tiene actualmente el Senado de la República es entre dar un empuje a este proceso, profundizando el desarrollo de la formación de profesionales de la educación con carácter universitario o fracasar en el intento por muchos años, con las consecuencias correspondientes.

Si el Senado no votara el Proyecto de Ley sería un retroceso, un nuevo golpe a la consideración social de los docentes, a las posibilidades de darle el verdadero carácter universitario como es la corriente predominante en el mundo y un retroceso en los procesos de transformación educativa.

Es claro que la aprobación del Proyecto de Ley y la instalación de la Universidad de la Educación tiene riesgos, ¿qué intento de cambio no lo tiene? En contrapartida, la no aprobación del Proyecto de Ley tiene la certeza de que todo siga como está, y por muchos años. Para los que asumimos cargos con el propósito de cambiar el país y la educación el mayor peligro no es equivocarnos, sino no arriesgarnos a cambiar.

Por ello luchamos y trabajamos, antes y ahora.

Luis Garibaldi
Director de Educación